Hace ya 45 años que España decidió abandonar a su suerte al pueblo saharaui, entregando su antigua posesión colonial a Mauritania (que abandonó el territorio en 1979) y Marruecos, que lo ocupa militarmente desde entonces. Tras 15 años de guerra (1975-1991), el Frente POLISARIO decidió cambiar las armas por las urnas, confiando en que los nuevos tiempos inaugurados con el fin de la Guerra Fría harían posible la promesa de las Naciones Unidas de organizar un referéndum de autodeterminación en el que los saharauis decidieran el futuro del territorio.
En aquel momento se produjo un duro debate en el seno del movimiento de liberación nacional saharaui entre quienes defendían que había que continuar la guerra, porque la decisión de Hassan II de negociar con quien hasta entonces consideraba una simple organización terrorista, era muestra de un evidente agotamiento, y faltaba poco para que claudicara, y quienes consideraban que había llegado el momento de la paz; que había que confiar en la promesa de la ONU de descolonizar el territorio, tal y como había hecho en las décadas anteriores en la práctica totalidad del continente africano. Finalmente se impuso la opción pacífica, pero, desgraciadamente, el tiempo ha terminado dando la razón a los que apostaban por la guerra.
El Plan de Paz, negociado libremente entre las dos partes y aprobado por el Consejo de Seguridad (1991), preveía la celebración de un referéndum de autodeterminación en un plazo de seis meses, en el que la población podría optar entre la integración del territorio en Marruecos y la independencia. Igualmente preveía que el censo para el referéndum tendría como base el confeccionado por España en 1974, que sería actualizado con pequeños cambios, derivados de los 15 años de conflicto bélico, incluyendo en él a quienes habían llegado a la mayoría de edad y excluyendo a los fallecidos. El hecho de que se previera un plazo tan corto para la celebración del referéndum da una idea de lo limitados que debían ser los cambios a realizar.
Por desgracia para el pueblo saharaui, paralelamente al comienzo del proceso de identificación de votantes, estalló la guerra civil que asoló Argelia durante una década. En ese momento Hassan II intuyó que, si este Estado retiraba su apoyo a los saharauis, podría hacer desaparecer el conflicto de la agenda internacional. Afortunadamente, Argelia nunca ha variado su compromiso con la aplicación del Derecho internacional en el conflicto. Sin embargo, el monarca alauita utilizó el proceso de identificación con el objeto no disimulado de aplazar indefinidamente la celebración del referéndum, consiguiendo que un proceso que debía culminarse en menos de seis meses se alargara una década entera. Finalmente, poco después de que la MINURSO (Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental) hiciera público el censo (2000), Marruecos comunicó que nunca aceptaría un referéndum de autodeterminación, después de acusar de parcialidad a la ONU.
Los posteriores intentos de resolver el conflicto por una “tercera vía” que admitiera la celebración de un referéndum de autodeterminación, pero que, a su vez, garantizara de alguna forma la victoria marroquí en el mismo, protagonizados en especial por el ex Secretario de Estado de los EE. UU., James Baker (Planes Baker I y II), y pese a favorecer claramente los intereses marroquíes, fracasaron por la intransigencia de este Estado, que no quería correr ningún “riesgo de perder” el territorio. El propio Baker lo afirmó expresamente cuando, indignado por el obstruccionismo de este Estado, presentó su dimisión.
Desde aquel momento las negociaciones están en punto muerto. Las resoluciones del Consejo de Seguridad exhortan desde entonces “a las partes a que reanuden las negociaciones bajo los auspicios del Secretario General sin condiciones previas y de buena fe”, pretendiendo ignorar que, fruto de negociaciones desarrolladas bajo esas mismas premisas, se aprobó hace ya casi tres décadas un plan de paz perfectamente aplicable en la actualidad; que la MINURSO ya concluyó con una parte fundamental de su mandato principal, la confección del censo; y que la única razón por la que no se resuelve el conflicto de forma definitiva mediante la aplicación del mencionado plan es el rechazo de una de las partes, Marruecos, y el apoyo incondicional del cómplice necesario, Francia, que veta la posibilidad de que el Consejo de Seguridad imponga a las partes la aplicación de dicho plan.
Es obvio que no se puede negociar con quien no quiere: entre las “condiciones previas” a que se refieren las mencionadas resoluciones está el rechazo expreso de Marruecos a celebrar un referéndum de autodeterminación. A partir de ahí, ¿qué tendría que negociar la parte saharaui?
Las Naciones Unidas han tirado la toalla ante la imposibilidad de resolver el conflicto por la intransigencia de Marruecos y Francia. Es triste tener que reconocer que, como señala la declaración de guerra del Frente POLISARIO, la ONU se ha convertido en un simple fedatario de la ocupación. La última resolución del Consejo de Seguridad deja poco margen a la duda: apoya “una solución política realista, viable y duradera para la cuestión del Sahara Occidental basada en la avenencia”. ¿Qué significa “solución política realista”? Es obvio que para la ONU la independencia no es una “solución realista”, por lo que lo que propone es algo muy grave: abandonar el Derecho internacional para conseguir una solución política, que ignore la voluntad del pueblo saharaui.
Por su parte, la Unión Europea negocia con Marruecos la explotación de los recursos naturales del territorio, incumpliendo de esta forma el requisito establecido en febrero de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que tal explotación sea acorde con el Derecho internacional: que el pueblo saharaui dé su consentimiento a tal explotación. El Frente POLISARIO, en términos de la Asamblea General de la ONU, “único y legítimo” representante del pueblo saharaui, ha rechazado de plano dar su consentimiento a tales acuerdos. Al concluir estos acuerdos, tal y como señaló el Abogado General en sus conclusiones relativas a los acuerdos de pesca, la UE viola varias de las normas fundamentales del Derecho internacional: el derecho de autodeterminación de los pueblos, la prohibición de reconocer situaciones derivadas del uso de la fuerza (la ocupación militar), la prohibición de contribuir con su comportamiento a la consolidación de tal situación…
Por lo que respecta a nuestro país, que, de acuerdo con el Derecho internacional y con nuestro propio ordenamiento jurídico (lo afirman dos autos de la Audiencia Nacional de 2014), sigue siendo
la potencia administradora del territorio, ha ido variando su posición inicial de tácita defensa del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui del primer gobierno de la democracia, el de la UCD, hasta el actual apoyo a la ocupación y anexión ilegal del territorio por Marruecos. Los representantes de los sucesivos gobiernos españoles, tanto socialistas como populares, han repetido hasta la saciedad las frases huecas de las resoluciones del Consejo de Seguridad (“apoyamos los esfuerzos de las partes para alcanzar una solución mutuamente aceptable…”), mientras han participando activamente en la consolidación de la ocupación del territorio. Cabe recordar que los proyectos de resoluciones que llegan al Consejo de Seguridad emanan del denominado “Grupo de amigos del Sahara Occidental” (¿del Sahara Occidental o del conflicto?), una especie de “Consejo de Seguridad para el conflicto saharaui” compuesto por EEUU, Rusia, Francia, Reino Unido y España, que sustituiría así al quinto miembro permanente, China.
Entre quienes mantenemos la esperanza de que el conflicto se resuelva mediante un referéndum de autodeterminación, la llegada de Unidas Podemos al gobierno fue muy bien recibida, porque desde el final de la dictadura el Partido Comunista e Izquierda Unida han venido defendiendo con firmeza esta solución, y porque el propio Pablo Iglesias se había comprometido públicamente a impulsarla, participando incluso en actos de solidaridad con el pueblo saharaui. Pero parece que las cosas se ven de forma muy diferente desde el gobierno. A nadie se le escapa la gravedad de los temas con los que el gobierno marroquí chantajea y extorsiona a España y a Europa. La cooperación en materia de contrabando o terrorismo internacional, Ceuta y Melilla, pero muy especialmente, la inmigración ilegal, constituyen argumentos difíciles de gestionar. ¿Es que hay alguna duda de por qué han comenzado a llegar a Canarias, precisamente en estos momentos, miles de inmigrantes en tan solo unas semanas? Marruecos maneja como nadie el grifo de la inmigración ilegal, que abre cada vez que se cuestionan o se pueden llegar a cuestionar sus relaciones con la UE.
Pero el pueblo saharaui no puede ser una vez más la moneda de cambio para solucionar los problemas del reino alauita.
En estas circunstancias, ¿qué salida le queda al pueblo saharaui? ¿Seguir esperando otro medio siglo cuando en los campamentos de refugiados argelinos han nacido ya dos generaciones? ¿Abandonar a su triste suerte a quienes sufren en su propia tierra la violenta ocupación marroquí? No seré yo quien defienda la vía de la guerra para resolver el conflicto.
Admiro profundamente a quienes, después de haber sufrido desapariciones forzadas de más de dieciséis años, defienden aún la vía pacífica como forma de solución del conflicto. Pero el Frente POLISARIO es un movimiento de liberación nacional a quien el Derecho internacional le reconoce el derecho al uso de la fuerza frente a la ocupación y dominación coloniales, por lo que si decide retomar efectivamente las armas estará ejerciendo su derecho.
No es especialmente relevante la mayor o menor gravedad de la violación del alto el fuego de Marruecos que ha motivado la declaración de guerra saharaui. Es simplemente la gota que colma el vaso. La fecha de la proclamación del estado de guerra no es pura casualidad: hace 45 años, el 14 de noviembre de 1975, España entregó el territorio a Marruecos y Mauritania a través de los denominados “Acuerdos Tripartitos de Madrid”.
Durante décadas el Frente POLISARIO ha dado muestras infinitas de paciencia, a veces difíciles de entender para su propio pueblo (recuérdese, por ejemplo, el temple del movimiento saharaui después de los acontecimientos de Gdeim Izik), utilizando todas las vías políticas, diplomáticas y jurídicas imaginables. Lo que le piden la ONU, la UE y España es que se rinda, que acepte integrarse en Marruecos. Y eso no va a ocurrir. El pueblo saharaui es un pueblo pacífico, ha dado muestras sobradas de ello, pero digno y orgulloso. Si se confirma la vuelta a la guerra, nadie podrá culparle de no haber explotado todas y cada una de las vías posibles para conseguir algo básico que le corresponde por justicia: vivir en paz en su propia tierra.
– Juan Soroeta es Profesor de Derecho Internacional Público de la UPV/EHU. Presidente de AIODH (Asociación Internacional para la Observación de los Derechos Humanos)
