Las relaciones entre España y Marruecos, desde la independencia del reino alauita, han estado marcadas por periodos alternos de hostilidad mutua y de reconciliación, de tal forma que a periodos de bonanza siguen ineludiblemente otros de crisis. (…)
… Estamos a cerca de una treintena de años desde que se firmó el Tratado de amistad, buena vecindad y cooperación entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, hecho en Rabat, el 4 de julio de 1991, entrando en vigor el 28 de enero de 1993, y a casi dos décadas del incidente de la isla de Perejil del 11 al 20 de julio de 2002, en el que España actuó de una forma firme y acertada.
Desde entonces, y especialmente desde la moción de censura de Rajoy de hace dos años y medio, la política exterior marroquí ha tomado otros derroteros mucho más sutiles, más propios de una estrategia de aproximación indirecta liddelhartiana, acompañada de agresiones, subterfugios o provocaciones realizados en una amplia zona gris sin llegar al umbral de confrontación directa junto a una ambigüedad calculada. Utiliza intermediarios como narcotraficantes u organizaciones criminales con diferentes capacidades simultaneando y coordinando medidas de coerción política, diplomática, social y económica. Es decir, está aplicando una estrategia indirecta de tipo híbrido.
Hay que partir de la base de que los objetivos estratégicos más importantes de Marruecos son, fundamentalmente, dos. El primero, persigue construir el Gran Marruecos lo que lleva implícito la anexión del Sahara Occidental, antigua provincia española. El segundo, consiste en anexionarse de los territorios españoles del Norte de África, desde Ceuta a Melilla, pasando por el Peñón de Vélez de la Gomera, las Islas Chafarinas, el Peñón de Alhucemas y el islote de Perejil.
Para ello, está empleando cuatro ejes de actuación: 1) Ejercer presión política y diplomática en el entorno fronterizo de Ceuta y Melilla; 2) Ampliar las aguas territoriales en el Atlántico, utilizando al territorio saharaui como si ya fuera de soberanía marroquí; 3) Operar activa, agresiva y diplomáticamente en el intento de conseguir la soberanía sobre el Sahara Occidental; y 4) Impulsar la inmigración ilegal hacia Canarias provocando graves dificultades sociales y económicas al gobierno español.
En relación con el primer eje, aunque ya había habido incidentes de cierre de fronteras a lo largo de 2019 en ambas ciudades, el pasado 13 de marzo el gobierno marroquí puso las verjas definitivas. A partir de dicha fecha, se ha asfixiado el comercio tradicional, la principal fuente de empleo y de actividad productiva, de las ciudades de Ceuta y Melilla. La economía se ha destruido, el paro crece en tanto que muchas empresas han quebrado. Esta actitud agresiva marroquí pretende aislar y asfixiar económicamente a las dos ciudades españolas del Norte de África.
El segundo eje, el de la ampliación de aguas territoriales, arranca una quincena de días más tarde, el 30 de marzo – en plena crisis del Coronavirus y con el estado de alarma decretado en España-, cuando se publicaron en el Boletín Oficial marroquí dos leyes, previamente aprobadas por el Parlamento, mediante las cuales Rabat oficializaba la ampliación a 200 millas de su zona económica exclusiva mientras que la plataforma continental la extiende hasta las 350 millas. Esta decisión está en contra del derecho internacional en cuanto que Marruecos no tiene soberanía sobre dichas aguas por ser solo potencia administradora. Por otra parte, dicha ampliación se solapa con las aguas territoriales españolas.
El tercer eje de actuación marroquí – aparte de la operación militar lanzada por Marruecos en Guerguerat, el pasado 13 de noviembre, que provocó la rotura del alto el fuego de 1991, por parte del Frente Polisario, al día siguiente 14 de noviembre – ha gravitado sobre su activa actuación política, diplomática y comercial no solo con los países africanos, algunos de los cuales ya han establecido consulado en el territorio, sino también, y particularmente, con Estados Unidos.
Fruto de las especiales relaciones con Estados Unidos ha sido el reconocimiento, por parte de Donald Trump, el pasado jueves día 10, de la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental, a cambio de que Marruecos establezca relaciones con Israel.
Nadie duda de que este hecho supone un atentado contra la legalidad internacional reconocida por la ONU y constituye un obstáculo importante que complica las posibilidades de negociación para solucionar este conflicto después 45 años.
Desde el punto de vista de los intereses geopolíticos estadounidenses de cara a la estabilidad en los escenarios del Mediterráneo, de África del Norte y de Oriente Medio, la situación política, económica y social de los dos estados que tienen control sobre el estrecho de Gibraltar, puerta de acceso occidental a los tres escenarios citados, es completamente distinta para la realpolitik de Estados Unidos.
De un lado, España, que se encuentra inmersa en una situación altamente vulnerable como consecuencia de la crisis económica y social a la que nos está conduciendo la COVID-19, del conflicto institucional que sufrimos, de la alta tasa de paro, del desafío soberanista catalán y vasco, de la corrupción interminable, de las discrepancias en la educación o de la crispación política existente entre los diferentes partidos políticos que se refleja en un país altamente polarizado que acentúa la debilidad del Estado.
De otro, Marruecos, un país que proyecta al mundo una imagen de estabilidad con instituciones sólidas y fiables, con prácticas de la tolerancia que avalan el respeto de otras religiones y una cultura política de consenso. Y lo más importante, con una monarquía que es la garante de la estabilidad y de la identidad religiosa del pueblo marroquí que tiene como referente al Rey Mohammed VI como Comendador de los Creyentes.
A todo esto, hay que añadir la diferente actitud tomada por los dos países ante el futuro del Sahara Occidental, cuya administración ha estado en manos de España hasta el año 1976, año en que se marchó de dicho territorio. Mientras que Marruecos ha estado llevando a cabo una activa política exterior en el campo internacional, buscando apoyos a su postura sobre dicho territorio, España ha tenido una actitud totalmente pasiva e inactiva abandonando incluso sus responsabilidades históricas.
Por último, el cuarto eje de la estrategia del reino alauita es el impulso y apoyo a la inmigración ilegal a Canarias con el objetivo de utilizar al archipiélago como moneda de cambio para presionar al Estado español y que éste no se interponga en sus planes expansionistas sobre nuestras aguas y sobre el Sáhara Occidental, así como para evitar que asuma un papel más activo como antigua potencia administradora del Sáhara y exija la celebración de un referéndum y la culminación del proceso de descolonización de este territorio.
Lo cierto es que Marruecos está llevando a cabo una estrategia activa y hostil contra nuestros intereses estratégicos, económicos y de seguridad, al amparo de una supuesta cooperación en la lucha contra el salafismo yihadista y la inmigración ilegal – que utiliza como distracción -, con el claro propósito de conseguir los dos principales objetivos estratégicos que se han mencionado más arriba.
Si bien es cierto que el reconocimiento estadounidense de la soberanía marroquí sobre el territorio del Sahara Occidental, ha sido un gran éxito internacional para Marruecos, también es verdad que en la Unión Europea existe una negativa general a reconocer la soberanía marroquí debido al apoyo del bloque al referéndum de la ONU sobre el Sahara Occidental.
Teniendo en cuenta que, para nuestros intereses geoestratégicos, lo ideal es que el Sahara Occidental sea un país democrático e independiente, a España no le queda otra opción, que tomar las medidas adecuadas con firmeza, credibilidad y contundencia para garantizar la estabilidad estratégica de nuestro entorno geopolítico más cercano, en estrecha colaboración con Naciones Unidas, la Unión Europea y la Unión Africana, entre otros actores.
Todo ello demanda activar nuestra política exterior – durante muchos años pasiva o desaparecida en cuanto se relaciona con el Sahara Occidental – con un conjunto de medidas impregnadas de una sólida y vigorosa voluntad política, al objeto de frenar o neutralizar las acciones hostiles mencionadas del país magrebí al mismo tiempo que se le exige cumplir con la legalidad internacional. Y debiera llevarse a cabo más pronto que tarde.
Madrid, 15 de diciembre de 2020
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