Desde hace décadas, el pueblo saharaui demanda su soberanía y libertad, oprimida por el reino de Marruecos en complicidad con la Unión Europea.
Un leve roce diplomático entre Argelia y la monarquía alauita marroquí trajo a la memoria de algunos la tragedia del pueblo saharaui, que en 1975 fue despojado de gran parte de su territorio. Fue el recién instalado rey Juan Carlos, quien prácticamente estrenó su reinado con una traición a su mentor, el genocida Francisco Franco -quien había acordado la independencia de la colonia de África Occidental-, que intentó evitar una encerrona que Estados Unidos preparaba con Marruecos para apoderarse de esos 266 mil kilómetros cuadrados, de piedra y arena, pero con un subsuelo de importantes yacimientos de fosfatos, hierro, petróleo y gas. El Sahara Occidental tiene más de 1.000 kilómetros de costa sobre el océano Atlántico, y se ubica frente a uno de los bancos de pesca más ricos del mundo, hoy explotados fundamentalmente por empresas marroquíes y españolas. Aquel territorio, de un tamaño similar a Nueva Zelanda, en aquel mundo de la Guerra Fría era clave desde su posición geoestratégica, ya que representaba una de las puertas a un continente en que muchas de sus naciones, en pleno proceso independentista, guerras y revoluciones, veían en Cuba y la Yamahiriya (Estado de masas) con que el joven coronel Mohammad Gadaffi impulsaba a Libia, un destino que otras muchas naciones podían aspirar.
Para consumar el despojo al pueblo saharaui, también intervino Francia que, como siempre, cuando en algún despacho del Eliseo se pronuncia la palabra “África”, muchos sufren convulsiones concupiscentes, por lo que hizo jugar Mauritania, su ex colonia, para intervenir en el conflicto que se avecinaba.
Marruecos resultó el gran ganador de este robo, literalmente a mano armada, contra una nación que se estaba apenas reconociéndose después de casi 120 años de dominación española. Hoy, a más de cuatro décadas de dicho saqueo, nadie -tal como sucede con los palestinos, los tuareg o los kurdos- levanta su voz por los derechos conculcados.
La usurpación de los territorios saharauis fue fríamente planeada en una serie de reuniones, que terminaron con un pacto secreto y siniestro entre Henry Kissinger, el entonces jefe del Departamento de Estado norteamericano, el rey Hassan II, padre del actual monarca de Marruecos Mohamed VI, y Juan Carlos I de España. El acuerdo consolidó lo que se conoció como la Marcha Verde, un espasmódico desfile por el desierto de uno 25 mil soldados del ejército marroquí, acompañados por unos 300 mil campesinos pobres y todo tipo de menesterosos a los que se les había prometido tierras, tras la ocupación de unos 200 mil kilómetros cuadrados de la parte norte de la joven RADS (República Árabe Democrática Saharaui). Pero ningún campesino marroquí recibió un metro de tierra y todos volvieron a su pobreza, al tiempo que Marruecos, junto a Mauritania, libraba una guerra contra el Frente Polisario (Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro), que se extendió desde 1975 a 1991, en el que murieron uno 5.000 milicianos, cerca de 4.000 civiles saharauis y unos 10.000 soldados de ambos ejércitos. En 1980, Rabat comenzaría a construir un muro que separó para siempre al pueblo saharaui. En la actualidad, la RADS tiene poco más de 500.000 ciudadanos: unos 320.00 viven en las regiones costeras de los yermos 70 mil kilómetros, que pudieron conservar tras el asalto y en la capital del país, Aaiún; otros casi 200.000 habitan los campamentos de Tinduf, sur de Argelia, donde se hacinan en el exilio desde 1975, sin ninguna posibilidad de retornar a su patria, con recursos mínimos para apenas sobrevivir, manteniéndose gracias a la cooperación internacional.
El muro de la vergüenza, como también se lo llama, fue construido con el asesoramiento técnico de Israel y la financiación de Arabia Saudita. En realidad, es un sistema de ocho muros con una extensión total de 2.720 kilómetros, protegido por 160 mil efectivos del ejército marroquí, y un sistema de radares y drones de última generación; además, hay un campo minado, que se considera el más grande del mundo, con un número desconocido de explosivos antipersonales, aunque se calculan entre 10 y 40 millones, sembrados a lo largo del muro.
Tras los acuerdos de un alto el fuego entre el Polisario y Rabat, en 1991, la situación ha quedado congelada. Marruecos, que considera el Sáhara Occidental como parte indivisible de su territorio, solo ofrece al pueblo saharaui un sistema de autonomía bajo la soberanía marroquí. Al mismo tiempo, el Polisario lo rechaza ciñéndose a la resolución 3.437 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1991, en que se insta a Rabat a “poner fin a la ocupación militar del Sáhara Occidental y negociar con el Frente Polisario, como representante legítimo del pueblo saharaui”. En esa resolución también se exige “un alto el fuego y un referéndum sobre autodeterminación de ese pueblo”, algo que sigue sin cumplirse, mientras que la ONU todavía clasifica a la patria saharaui como un “territorio no autónomo”.
La impunidad es el mejor armamento del que dispone Rabat para consolidar el despojo a la hora de ignorar cualquier reclamo del pueblo saharaui. Por esto, cualquier declaración o acto a favor de la RADS es tomado como un ataque directo a Marruecos. El incidente diplomático de la semana pasada tiene como centro un informe titulado Aspectos del derecho internacional en el conflicto en el Sáhara Occidental, con fecha de marzo de 2019, que según algunos fue producido por los servicios de investigación del parlamento alemán, en el que se trata la presencia marroquí en el territorio reclamado por la nación saharaui como “anexión y ocupación”. Lo que ya señalaba en 1979 la resolución de Naciones Unidas.
Marruecos expresó su fastidio tras la publicación del informe, el que según la agencia oficial informativa del reino alauita había sido filtrado por Argelia con datos “falsos” aportados por el Polisario.
Las relaciones entre Rabat y Argel se siguen tensando tras conocerse que el 14 de mayo pasado habían llamado al embajador marroquí en Argelia, tras haberse conocido una declaración del cónsul de ese país en la ciudad de Orán, en una reunión con ciudadanos marroquíes varados tras el cierre de fronteras a raíz de las medidas de combate contra el COvid-19. El diplomático de Marruecos dijo: “Estamos en un país enemigo, lo d
igo francamente”. Lo que no deja de ser del todo verdadero, ya que las relaciones entre ambas naciones magrebíes son muy tensas debido al conflicto en el Sáhara Occidental, por lo que los casi 2.000 kilómetros de frontera común continúan cerradas desde 1994.
La cuestión del Estado del Sáhara Occidental tiene la oposición de Marruecos desde hace décadas, y se manifiesta contra los separatistas del Frente Polisario, apoyados por Argelia. Esta vasta área desértica, bordeada por el Atlántico, está controlada en gran medida por Marruecos, que ofrece un plan de autonomía bajo su soberanía. El Polisario exige un referéndum sobre la autodeterminación. Las negociaciones lideradas por las Naciones Unidas se han estancado durante varios meses.
En diciembre pasado, con la llegada del nuevo presidente argelino Abdelmadjid Tebboune, el rey Mohammed VI hizo un llamamiento para abrir una “nueva página” en las relaciones entre ambas naciones, lo que en los hechos no se ha constatado.
Europa, por su parte, tampoco atiende los pedidos saharaui, y beneficia de manera contaste las pretensiones marroquíes. Por ejemplo, en enero 2019 el Parlamento Europeo (PE), con sede en Estrasburgo, votó un texto en el que extiende al territorio en disputa del Sáhara Occidental los aranceles aduaneros preferenciales otorgados a Marruecos, reconociendo de hecho la autoridad de Rabat sobre esas áreas todavía en disputa, marcando de qué lado está la Unión Europea (UE). Sin duda, el acuerdo tiene un ojo puesto en la situación en Marruecos que, al igual que Libia, se ha convertido en la puerta de entrada a Europa, por la que la UE entregó unos 100 millones de euros a Rabat “para la gestión de las fronteras marroquíes”. Expertos estiman que Marruecos pudo evitar la llegada entre 2019 y 202o de unos 75 mil refugiados, de los que nada se sabe ahora.
Este tipo de “favores” de Marruecos a la UE es lo que permite a Mohamed VI llevar a cabo acciones como la de declarar, en enero pasado, las aguas del Sáhara Occidental un espacio marítimo propio, con jurisdicción legal de Marruecos sobre el área marítima, desde Tánger (al norte) hasta Lagouira, en Mauritania (al sur), lo que fortalece su presencia en los territorios saharauis sin ningún respeto a los derechos. Las propias declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Nasser Bourita, dejan en claro su intencionalidad: “Estas leyes apuntan a actualizar el arsenal legal nacional, respecto a la soberanía total del reino sobre sus fronteras efectivas de tierra y mar”. Despojando, en este caso, a los saharauis de sus soberanía sobre las 350 millas náuticas de la plataforma continental.
Mientras tanto, naciones africanas como Comoras, Gambia, Guinea y Gabón han abierto recientemente representaciones diplomáticas en Rabat, apoyando la marroquidad del Sáhara Occidental, con lo que el despojo total de la nación saharaui estaría completo.
*Por Guadi Calvo para Línea Internacional / Foto de portada: Fran García
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