El silencio cómplice ante las actuaciones del ejército marroquí contra la población civil saharaui resucita uno de los capítulos más vergonzosos de la historia reciente de España
– 22/12/2020
Los bidanis saharauis (Bidán, nómada del desierto) siguen pagando los platos rotos de los inconfesables intereses de los dirigentes de un Estado débil, amoral e incompetente, capaz de traicionar y abandonar a una ‘provincia’ con sus habitantes –personas– que llevaban en sus bolsillos un DNI español. Y no son temas de hace 45 años, de cuando Franco estaba moribundo en la cama y el entonces príncipe Juan Carlos –llamado a sucederle– decía sobre el terreno una cosa y en Madrid, de espaldas al Ejército y a los saharauis, se negociaba otra: La entrega al déspota Hassan II de un territorio que nunca en la historia perteneció a Marruecos… ni a Mauritania. También hoy asistimos al silencio cómplice ante las actuaciones del ejército marroquí contra la población civil saharaui, lo que nos retrotrae a uno de los capítulos más vergonzosos y recientes de nuestra historia.
Los medios de comunicación llevan muchos años tapando y silenciando el fondo de esta irresuelta cuestión, que los saharauis pagan con la ocupación de su territorio, con el expolio de sus riquezas y con la tortura y la cárcel si el régimen de Mohamed VI detecta la más mínima oposición a esta larga ocupación. Ahora la situación ha estallado, después de que el Ejército marroquí tomara la zona neutral desmilitarizada de Gargarat y la península de Cabo Blanco, desalojando por la fuerza el campamento de activistas saharauis que obstaculizaban el paso de camiones hacia Mauritania, en una franja neutral de solo 5 kilómetros desmilitarizada y ‘vigilada’ por la Minurso.
Tras la ocupación, Marruecos ha asfaltado esa carretera que lo conecta con Mauritania y países subsaharianos, minando los alrededores para tener el control y facilitar su comercio con otros países africanos. Es la única vía de comunicación abierta de Marruecos hacia la zona sur africana, lo que ha traído problemas sociales y económicos a actividades comerciales mauritanas. Una pequeña franja estratégica, cuya ocupación militar ha abierto las hostilidades y ha hecho que el Polisario declare el estado de guerra, tras 29 años de paciencia esperando el prometido referéndum, lo que ha hecho que miles de saharauis se estén alistando para hacer frente a más de 200.000 soldados marroquíes parapetados tras los campos de minas y un gran muro de más de 2.500 kilómetros.
Mohamed VI, autoproclamado comendador de los creyentes, no solo es el Rey de Marruecos, sino que controla directamente el Ministerio de Defensa y es jefe de estado mayor de los Ejércitos, tiene previsto visitar en Mauritania al presidente, Mohamed Ould Shej Elghazouani, con objetivo de tratar la nueva situación, tras un impasse de 29 años, en los que no se encontró una solución pacífica para el latente conflicto. Todos los expertos coinciden en que Marruecos no permitirá el referéndum propuesto por la ONU, “porque perdería la consulta”. Lo que trata es de reafirmar la ocupación anexionándose nuevos territorios, mientras la ONU sigue mostrándose incapaz de ejecutar el derecho reconocido de los saharauis a la autodeterminación y de parar los pies al anexionismo marroquí.
Los intereses políticos y comerciales de España y Francia se imponen sobre los derechos de quienes un día fueron españoles y se encuentran amparados por el derecho internacional. Hoy, los acuerdos de 1991, que paró la guerra entre Marruecos y el Polisario, con la previsión del referéndum, son papel mojado y ha devuelto el conflicto al primer plano internacional, recordando la permanente traición de España que se limita oficialmente a declaraciones pidiendo un alto el fuego cuando su postura, en 1975, fue la que agravó este conflicto, por no defender las resoluciones de la ONU favorables a la autodeterminación del Sahara y a quienes eran españoles de pleno derecho y tenían representación en las Cortes franquistas.
Los intereses particulares de algunos ministros de Franco facilitaron aquella cesión formal a Marruecos. Quien negoció la entrega, con el apoyo del presidente del Gobierno Arias Navarro, fue José Solís, ministro secretario general del Movimiento, pero también –no lo olvidemos– representante en España de los intereses de la monarquía alauita. En contra, el ministro de Asuntos Exteriores, Pedro Cortina Mauri, el embajador español en las Naciones Unidas, Jaime de Piniés, y las Fuerzas Armadas dispuestas a enfrentarse a las pretensiones marroquíes y defender a la población saharaui.
Toda la traición se plasmó en los Acuerdos de Madrid, de noviembre de 1975. Pude en su momento entrevistar a León Herrera Esteban, ministro de Información, quien me reconoció que no se había hablado de soberanía, solo de una administración temporal y que Marruecos se había comprometido a respetar la opinión de la población saharaui.
En efecto, para la ONU España sigue ostentando la soberanía del territorio, por ser la ‘potencia administradora de iure’, al considerarse ‘No válidos’ por el derecho Internacional los acuerdos tripartitos de Madrid, ya que solo contemplaban la cesión a Marruecos y Mauritania de la Administración provisional de lo que era la provincia española del Sahara Occidental, la número 53, inmersa en un proceso de descolonización que España nunca materializó. El gobierno franquista de entonces se olvidó de sus responsabilidades y abandonó a su suerte a quienes en aquel momento ostentaban su condición de españoles. Lo peor es que sistemáticamente los sucesivos gobiernos de la democracia han mirado para otro lado, para no incomodar a un socio estratégico geopolítica, económica y comercialmente importante para España como es Marruecos.
El líder socialista Felipe González visitó los campamentos saharauis en noviembre de 1976, manifestando sentir vergüenza por lo hecho un año antes por el Gobierno español, “entregando el Sahara a gobiernos reaccionarios, como los de Marruecos (Hassan II) y Mau
ritania (Mokhtar Uld Dadah)”, a la vez que se comprometía “con la historia” y a estar siempre -él y el PSOE- con los saharauis “hasta la victoria final”. Pero no tardó mucho en olvidar su compromiso y sus promesas. Todos los gobiernos de España, ya en democracia, se han replegado a los intereses de Marruecos y han asumido el permanente chantaje marroquí; bien con las reivindicadas ciudades españolas del norte de África (Ceuta, Melilla y Peñones), bien con los cientos e importantes empresas instaladas en Marruecos, bien con la presión migratoria, bien con los cupos de pesca… España nunca ha sabido enfrentar sus responsabilidades siendo un rehén de Marruecos, sin ni siquiera afrontar las continuas violaciones de derechos humanos sobre ciudadanos saharauis que de la noche a la mañana dejaron de ser españoles para todos los gobiernos democráticos.
El último gobierno de Franco les allanó el camino. Hoy más de 100.000 saharauis se hacinan en condicionas extremas en la zona libre desértica, en cinco ‘wilayas’ o campamentos con nombre de zonas ocupadas (Ausserd, Smara, Dajla, El Aaiún y Bojador), además del gran campamento de Tinduf, en el sur de Argelia.
El problema se oculta bajo la distorsionada perspectiva histórica, hasta el punto de que cuando la socialista Trinidad Jiménez fue ministra de Asuntos Exteriores con José Luis Rodríguez Zapatero, llegó a proclamar en el Congreso de los Diputados, hace 10 años, que “desde el 26 de febrero de 1976 España no tiene responsabilidades en el Sahara Occidental”, eludiendo condenar en aquel momento la fuerte represión que Marruecos ejercía sobre los saharauis. Huía cobardemente, como lo hizo el último gobierno franquista, desmarcándose del conflicto, siendo claramente la actuación del Estado español el origen del mismo. Y, como Felipe González y tantos otros, también cuando no formaba parte del Gobierno, había asistido a manifestaciones de apoyo a los saharauis mostrando pegatinas con la bandera de la RASD.
La traición, pues, se ha ido perpetuando de Gobierno a Gobierno, sin excepción. Lo que se dio en llamar la política realista en base a intereses políticos y económicos, hasta el punto de que todos los presidentes cuando tomaban posesión al frente del Gobierno de España se iban en su primer viaje al exterior a Marruecos, a partir de ahí la cuestión saharaui se limitaba a señalar que España está con las Naciones Unidas y que hay que evitar la guerra.
Sin embargo, por primera vez, se rompió la tradición con el presidente Pedro Sánchez, que no viajó a Marruecos al tomar posesión, sino que lo hizo a Francia, tras ganar en junio de 2018 la moción de censura sobre Rajoy y una vez que Mohamed VI alegó problemas de agenda. La cuestión no sentó nada bien a Marruecos, como tampoco ha sentado bien que un vicepresidente de Gobierno, como Pablo Iglesias, se haya manifestado a favor del referéndum, apoyando abiertamente al Frente Polisario. La propia Unidas Podemos emitió un comunicado pidiendo al Gobierno (del que forma parte) que garantice el referéndum de autodeterminación del Sahara Occidental, trabajando con las Naciones Unidas para detener la guerra y cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad. “El Gobierno -decía el comunicado- debe trabajar en la ONU para que la Minurso cumpla la Resolución 690 del Consejo de Seguridad, de 29 de abril de 1991, que mandata la organización de un referéndum con el establecimiento de un calendario y un censo justo, así como fijar las garantías para su cumplimiento”.
Que le enseñen el camino no ha sentado nada bien ni al PSOE ni al Ministerio de Asuntos Exteriores, ante el difícil equilibrio diplomático para ‘no molestar’ a Marruecos. Aún más, UP recuerda que “España como potencia administradora del Sahara Occidental tiene una responsabilidad histórica y jurídica con la descolonización del territorio”. Esta afirmación, “España como potencia administradora”, ha caído como una bomba, al recordar que España sigue siendo la responsable jurídica del territorio, aunque la diplomacia exterior quiera desentenderse de esta responsabilidad. Desde el Gobierno se anunciaba la obviedad, “la importancia de la estabilidad en esta región estratégica, eje clave entre África y Europa”, por lo que pedía a las partes “retomar el proceso negociador y avanzar hacia una solución política, justa y duradera, aceptable según las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU”. ¿Sí?, para eso Marruecos tendría que aceptar el referéndum, cosa que ha negado y niega, sin que España, rehén de Marruecos, haga nada para presionar al reino alauita.
Marruecos tiene el problema de que el Sahara Occidental nunca le ha pertenecido. El catedrático de Derecho Constitucional, experto en la cuestión del Sahara, Carlos Ruiz Miguel, explicaba a este periodista que la frontera natural de Marruecos, hasta 1912, era el rio Dráa, quedando al sur el Sahara “que nunca fue de soberanía marroquí”; pero, tras 1912, Francia obligó a España a considerar zona de Protectorado desde el río Draá hasta el paralelo 27º 40’. Esa zona del norte del Sahara (Tarfaya, Cabo Juby) ‘se la regaló’ Franco a Marruecos, en 1958, para evitar un conflicto bélico abierto que se había iniciado un año antes, en Ifni-Sahara.
El actual presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, Brahim Galli, fundador del Polisario, me reconoció personalmente que no reivindican ese territorio porque sería enredar el conflicto, por lo que solo reclaman la parte al sur del Paralelo 27º 40’, a pesar de que algunos de los fundadores del Polisario procedían de la zona de Tarfaya, hoy parte del Reino de Marruecos, que aspiraba a más, como demostraría en 1975, exigiendo todo el Sahara.
Es Marruecos el que acude a la ONU en sus pretensiones, pero el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya responde a la reclamación indicando que Marruecos nunca tuvo soberanía sobre el Sahara Occidental, que las tribus nómadas que lo ocupaban comerciaban por todo el desierto y aboga por el referéndum de autodeterminación, que asumirá las Naciones Unidas como elemento de descolonización del territorio. Hassan II, con el apoyo de los Estados Unidos, al que Franco había rechazado como socio en Fos Bu-Craá, respondió organizando y financiando inmediatamente la Marcha Verde, prometiendo tierras y beneficios a sus participantes, lanzando a 350.000 personas sobre las fronteras norte del Sahara, una presión que el último gobierno franquista no supo manejar.
Marruecos no solo ocultaba los graves problemas sociales internos y la oposición al rey en el Rif, sino que también pretendía el monopolio mundial de los fosfatos y controlar los ricos bancos de pesca del caladero canario-saharaui, en los que entonces faenaba la potente flota pesquera española y donde hoy se mueven intereses petrolíferos.
La ineptitud del Gobierno español creyó que descolonizar era huir y abandonar el terreno que rápidamente fue ocupado por decenas de miles de marroquíes subvencionados y alentados por Hassan II para sustituir a los nativos saharauis huidos tras la traición de España.
El referéndum sig
ue latente con un problema enquistado, ya que el Frente Polisario pone sobre la mesa los datos del censo español de 1974, con 67.000 saharauis nativos, para utilizarlo como base en el referéndum de autodeterminación. Mientras que Marruecos defiende que deben votar todos los residentes en el Sahara para asegurarse el triunfo, tras haber llenado el Sahara de marroquíes que ocuparon las casas de españoles y saharauis huidos a los campamentos en Argelia. Se inició una guerra (1975-1991), lo que hizo que Marruecos construyera en distintas fases el mayor muro defensivo del mundo, de más de 2.500 kilómetros, rodeado de campos minados, siendo incapaz de imponerse al considerado `David saharaui’ que luchó en considerable inferioridad numérica y armamentística. La solidaridad de la sociedad española, enviando ayuda y acogiendo todos los veranos a niños del Sahara, es el reverso de lo que ha representado la postura de los distintos gobiernos españoles. Una sociedad prosaharaui y unos gobiernos en manos de los vientos de Marruecos.
No se quiere molestar a Marruecos. El chantaje es permanente ante los muchos intereses en juego, siendo el país alauita quien lleva siempre la voz cantante. Cuando le conviene presiona sobre Ceuta y Melilla, como está pasando actualmente cerrando la frontera y asfixiando económicamente a ambas ciudades; presiona sobre las importantes empresas españolas instaladas, algunas incluso en el Sahara, como es el caso de la eléctrica Gamesa; presiona con los flujos migratorios, levantando la mano cuando le conviene, como está siendo la llegada masiva de pateras a Canarias desde la costa sahariana, o los masivos asaltos en las vallas de las ciudades españolas del norte de África; presiona con casi el millón de marroquíes que viven en España, una especie de quinta columna del Reino de Marruecos; presiona con el novísimo puerto de Tánger frente al de Algeciras, dando facilidades para quitar negocio; presiona con el control del tráfico de drogas, siendo más o menos laxo según el momento; presiona con los derechos de pesca, que de tiempo en tiempo tiene que negociar con la Unión Europea, y presiona con los límites de las aguas jurisdiccionales y los derechos de explotación de gas y petróleo en la zona de la Islas Canarias.
Muchos intereses en juego
Muchos intereses en juego, que hace que los gobiernos españoles se desentiendan del fondo de la cuestión saharaui, a pesar de que la ONU sigue considerando a España responsable del territorio y la potencia que debe llevar a cabo el proceso de descolonización. Marruecos solo es hoy la potencia ocupante, que ha invadido, según las leyes internacionales, un territorio que no le corresponde. España cuando ve las orejas al lobo marroquí se esconde, evitando llevarle la contraria. Tiene que entenderse para no crearse problemas propios, de ahí que se muestre incapaz de asumir sus responsabilidades en el Sahara, gobierne quien gobierne.
Marruecos siempre ha manejado los hilos de esta relación. Mientras, los saharauis ven como expolian los recursos naturales de sus tierras, sin que puedan manifestarse en un prometido referéndum que lleva esperando más de 45 años y que España, en unos momentos muy difíciles, no supo culminar en su última colonia.
Nota: Juan Carlos León Brázquez, periodista, fue director de Documentos RNE, siendo el autor de los documentales “Sahara 1975, Bidanis en el laberinto de las arenas” y “La guerra de Ifni-Sahara, 1957-1958”, Premio Periodismo Defensa 2009.
